Crece la producción y consumo mundial de papel
Colombia es uno de los diez países del planeta con mayor biodiversidad, y la Región Andina es el área biológicamente más diversa del mundo y la zona con el mayor número de especies de árboles, en peligro o amenazadas de extinción.
En Colombia, al igual que en otros países productores de madera, las talas abusivas y sistemáticas de árboles están contribuyendo a la deforestación, erosión y desertización de grandes áreas del territorio.
El consumo creciente de papel y cartón en los países desarrollados, esta propiciando la destrucción de los ecosistemas de países en desarrollo de Asia y América Latina, continentes donde se concentra gran parte de la producción mundial de madera.
El Informe 2009 de la FAO sobre la situación de los bosques del mundo, señala que la producción y el consumo de papel y cartón, aumentará hasta el año 2030. El informe también señala que en los países en desarrollo, a pesar que sectores crecientes de su población están conscientes sobre la importancia de la protección del medio ambiente, la presión del libre mercado y las diversas necesidades sociales, evitarán la adopción y desarrollo eficaz de acciones públicas de protección ambiental.
El costo ambiental de los trámites
Cuando un abogado comienza a escribir sobre la necesidad de construir un mundo sin papel, en su mente empiezan a manifestarse, los innumerables requisitos formales establecidos en las leyes y en normas de diverso tipo, que imponen cargas al ciudadano.
Los legisladores y las agencias gubernamentales de los países en desarrollo, no se han preocupado en determinar el costo ambiental, que genera cada requisito formal que se crea para regular las relaciones de los particulares con el Estado. Todo documento físico que generen o produzcan los ciudadanos y los gobiernos, para surtir y gestionar actuaciones ante la Administración Pública o para acreditar la titularidad de derechos de propiedad, es parte de un árbol talado, que probablemente no será compensando con la siembra de otro árbol.
Establecer el costo ambiental de cada carga formal basada en papel, que el Estado le impone a los ciudadanos, debe ser un procedimiento previo antes de crear un nuevo trámite administrativo.
La determinación del costo ambiental de un trámite presencial y que se adelanta con documentos físicos, debe estar asociado, entre otros aspectos con: el número de usuarios potenciales del trámite, los gastos de operación de las dependencias oficiales donde se agota la actuación presencial, los gastos de transporte en que incurre el ciudadano para desplazarse a las oficinas públicas, el volumen de papel que se requiere para agotar todo el ciclo de gestión documental del trámite y los costos en que incurre el Estado y los particulares para conservar la información asociada con el trámite.
los costos ambientales generados por el consumo del papel en el Estado, deben ser determinados, en la medida que los trámites administrativos no sean sustituidos por tramites basados total o parcialmente en medios electrónicos.
Gobierno electrónico y consumo de papel
El citado informe de la FAO 2009, sobre la situación de los bosques del mundo, señala que el uso de medios electrónicos está reduciendo la demanda de papel, en países como Canadá, Estados Unidos y México. Esta tendencia evidencia que la automatización de la gestión pública y el gobierno electrónico, se erigen como una respuesta eficaz para contener el daño ambiental generado por un aparato público que soporta su actividad en el uso de documentos en papel y en actuaciones presenciales. Avanzar en la automatización progresiva de la gestión del Estado, se debe erigir como un punto prioritario en la agenda de los poderes públicos en todos los países. Las medidas que se están tomando en diversas ciudades del planeta para reducir el consumo de agua, deben ir acompañadas de acciones para ahorrar papel en el gobierno, las empresas y los hogares y estimular el uso de medios electrónicos.
El gobierno electrónico debe considerarse como una estrategia de modernización de la administración pública, pero también como una acción prioritaria para proteger el medio ambiente.
Colombia es uno de los diez países del planeta con mayor biodiversidad, y la Región Andina es el área biológicamente más diversa del mundo y la zona con el mayor número de especies de árboles, en peligro o amenazadas de extinción.
En Colombia, al igual que en otros países productores de madera, las talas abusivas y sistemáticas de árboles están contribuyendo a la deforestación, erosión y desertización de grandes áreas del territorio.
El consumo creciente de papel y cartón en los países desarrollados, esta propiciando la destrucción de los ecosistemas de países en desarrollo de Asia y América Latina, continentes donde se concentra gran parte de la producción mundial de madera.
El Informe 2009 de la FAO sobre la situación de los bosques del mundo, señala que la producción y el consumo de papel y cartón, aumentará hasta el año 2030. El informe también señala que en los países en desarrollo, a pesar que sectores crecientes de su población están conscientes sobre la importancia de la protección del medio ambiente, la presión del libre mercado y las diversas necesidades sociales, evitarán la adopción y desarrollo eficaz de acciones públicas de protección ambiental.
El costo ambiental de los trámites
Cuando un abogado comienza a escribir sobre la necesidad de construir un mundo sin papel, en su mente empiezan a manifestarse, los innumerables requisitos formales establecidos en las leyes y en normas de diverso tipo, que imponen cargas al ciudadano.
Los legisladores y las agencias gubernamentales de los países en desarrollo, no se han preocupado en determinar el costo ambiental, que genera cada requisito formal que se crea para regular las relaciones de los particulares con el Estado. Todo documento físico que generen o produzcan los ciudadanos y los gobiernos, para surtir y gestionar actuaciones ante la Administración Pública o para acreditar la titularidad de derechos de propiedad, es parte de un árbol talado, que probablemente no será compensando con la siembra de otro árbol.
Establecer el costo ambiental de cada carga formal basada en papel, que el Estado le impone a los ciudadanos, debe ser un procedimiento previo antes de crear un nuevo trámite administrativo.
La determinación del costo ambiental de un trámite presencial y que se adelanta con documentos físicos, debe estar asociado, entre otros aspectos con: el número de usuarios potenciales del trámite, los gastos de operación de las dependencias oficiales donde se agota la actuación presencial, los gastos de transporte en que incurre el ciudadano para desplazarse a las oficinas públicas, el volumen de papel que se requiere para agotar todo el ciclo de gestión documental del trámite y los costos en que incurre el Estado y los particulares para conservar la información asociada con el trámite.
los costos ambientales generados por el consumo del papel en el Estado, deben ser determinados, en la medida que los trámites administrativos no sean sustituidos por tramites basados total o parcialmente en medios electrónicos.
Gobierno electrónico y consumo de papel
El citado informe de la FAO 2009, sobre la situación de los bosques del mundo, señala que el uso de medios electrónicos está reduciendo la demanda de papel, en países como Canadá, Estados Unidos y México. Esta tendencia evidencia que la automatización de la gestión pública y el gobierno electrónico, se erigen como una respuesta eficaz para contener el daño ambiental generado por un aparato público que soporta su actividad en el uso de documentos en papel y en actuaciones presenciales. Avanzar en la automatización progresiva de la gestión del Estado, se debe erigir como un punto prioritario en la agenda de los poderes públicos en todos los países. Las medidas que se están tomando en diversas ciudades del planeta para reducir el consumo de agua, deben ir acompañadas de acciones para ahorrar papel en el gobierno, las empresas y los hogares y estimular el uso de medios electrónicos.
El gobierno electrónico debe considerarse como una estrategia de modernización de la administración pública, pero también como una acción prioritaria para proteger el medio ambiente.
